La formación del jurista en la sociedad del conocimiento

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Junio 2009

La formación del jurista en la sociedad del conocimiento

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Resumen: En nuestras sociedades actuales es necesario e imprescindible el uso del conocimiento y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos sociales. Además, es un hecho que estos recursos rigen la vida de nuestras sociedades en muchos sentidos e influyen en la construcción de nuestras redes sociales y realidad. También es una realidad que la producción de conocimientos científicos y el uso de las TIC hoy están condicionados en gran medida a los intereses económicos y del Capital, siendo bienes privatizados por minorías dueñas del Capital que controlan el mercado. Un ámbito desde el cual se puede influir en el cambio de estas situaciones sociales es el educativo, y en específico el de la formación del jurista. El Derecho es de suma importancia en cualquier sociedad pues es una de las mediaciones políticas necesarias para la regulación de la convivencia social. En este sentido, formar profesionales del Derecho bajo determinados principios podría incidir en que los mismos operen este mecanismo de manera alternativa, influyendo positivamente en las articulaciones políticas y económicas de la sociedad. Este artículo reflexiona sobre la forma en que podría ser una formación del jurista enmarcada en los parámetros de la sociedad del conocimiento. Las propuestas se presentan metodológicamente desde perspectivas críticas-dialécticas.

LA FORMACIÓN DEL JURISTA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. UN ANÁLISIS DESDE LA CRÍTICA-DIALÉCTICA 

SUMARIO. I. Introducción. II. ¿Qué Jurista? III. ¿Qué Sociedad del Conocimiento? IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

Mylai Burgos Matamoros[1]

 I. Introducción

Una situación latente en nuestras sociedades actuales es la producción constante y acelerada de conocimientos científicos y tecnologías, sobre todo en el ámbito de la información, las comunicaciones y la biotecnología. Pero estos conocimientos y tecnologías llevan en sí un contraste en su uso y utilidad. Con respecto a su uso el fenómeno tiene dos aristas; una, es la falta de acceso a los mismos por la mayoría de las poblaciones, acceso disminuido por falta de recursos monetarios para utilizar los servicios monopolizados por el mercado o, la falta de infraestructura para producir los servicios mismos; la otra arista está dada, por el uso indiscriminado de minorías con acceso a los conocimientos y las tecnologías para el beneficio económico del mercado y el capital. En esta segunda arista es donde radica el tema de la utilidad, y es que el uso por minorías económicas monopolizadoras de los nuevos descubrimientos científicos -ya sean conocimientos y/o tecnologías-, sólo tiene el objetivo económico del aumento de sus riquezas materiales sin importarle las colectividades humanas, su desarrollo equitativo y mucho menos el medio ambiente como el entorno adecuado para la convivencia social de todos los seres vivos. Hoy el mundo se encuentra acotado por dueños del mercado que mediante el uso instrumental de la racionalidad de los seres humanos producen y utilizan los grandes descubrimientos científicos a costa de la propia vida de la especie y del entorno ambiental en el cual vivimos todos.

El uso socializado, racionalmente crítico y con carácter liberador de estos recursos haría disminuir las grandes desigualdades sociales en cuanto al acceso a los mismos, pero también podría incidir en gran medida en las formas y fines de utilización de los mismos. Es claro que la socialización y liberación del conocimiento científico y de las tecnologías no es garantía per se de que su uso sea transformador para las sociedades actuales. Nuestros conglomerados sociales llevan en sí grandes complejidades en sus articulaciones sociales con voluntades económicas y políticas que nada tienen que ver con el postulado emancipatorio. No obstante, si se garantiza una verdadera socialización y liberación de la producción y uso de estos recursos podríamos augurar cambios en estas situaciones. Dos campos sociales específicos donde se podrían generar acciones en aras de estos objetivos podrían ser la educación y el derecho. No pretendemos que en ellos esté la solución total de la de-construcción y re-construcción de sociedades diferentes y sobre todo más justas, pero ante las dinámicas de dominación de las economías de mercado excluyentes, ante las corrupciones totales de los entes políticos de nuestros sistemas una educación jurídica alternativa podría generar y activar resquicios que propicien determinados cambios sociales.

En este sentido, en este trabajo nos proponemos reflexionar sobre la formación del jurista[2], en la llamada sociedad del conocimiento (SDC). Nos interesa el papel que puede tener el operador del derecho en la sociedades actuales, desiguales, injustas, dominadoras, explotadoras por un lado, y por otro, generadoras de los mayores adelantes científicos mediante la racionalidad humana. El campo del derecho ha sido escogido debido a la importancia que tiene el mismo en las regulaciones de la convivencia social. Consideramos que mediante las relaciones jurídicas -ya sea en el ámbito de la creación, aplicación, investigación o enseñanza del fenómeno jurídico- se podría incidir de cierta forma en nuestras sociedades actuales. El locus de investigación es América Latina, en específico México, por lo cual el tema del derecho adquiere relevancia por las tradiciones jurídicas institucionales que ha tenido este país latinoamericano en su historia moderna, donde el derecho se ha constituido un instrumento muy importante en las relaciones sociales. En este sentido, hoy en la sociedad mexicana podemos percibir como muchos grupos sociales, ong´s, académicos y movimientos sociales, en esencia la sociedad civil, conciben al derecho como un mecanismo desde el cual se pueden ir articulando algunos espacios de transformación. Por supuesto, afirmar tal cosa no es impedimento para también reconocer que el derecho, como mediación institucional de la política, siempre ha sido usado para la represión y la dominación. No obstante, creemos que el fenómeno jurídico puede tener varios rostros, y si incidimos en la formación de los futuros profesionales del derecho en este país, podríamos también ir cambiando esa conciencia jurídica positivista y dominadora que rige el campo de lo jurídico y que no es otra cosa que la expresión del propio sistema y sus articulaciones políticas, económicas y sociales dominadoras.

El análisis se realizará articulado en el contexto de la Sociedad del Conocimiento (SDC), término usado hoy para describir el movimiento de las sociedades actuales entre los conocimientos científicos y las tecnologías de la información y la comunicación[3].

Como bien plantea Manuel Castells -sociólogo catalán- la SDC es considerada un nuevo paradigma[4] social, y su término responde en esencia a un concepto que refiere una transformación socio-tecnológica. Todas las sociedades históricamente conocidas han sido sociedades del conocimiento, pues en todas las sociedades, el conocimiento y la información han sido decisivos en las conformaciones y desarrollo de las relaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc. Por tanto, el concepto actual se refiere a algo menos terminológico, se refiere a cómo conceptualmente se conforma nuestra realidad hoy.

En este sentido, partiendo de que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de la información han sido sustancialmente alteradas por una Revolución Tecnológica sobre la base de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), donde, -la tecnología es pieza fundamental pero no determinante, debido a que ella se desarrolla en función de los contextos sociales, económicos, culturales, etc.-, entonces, la SDC se constituye como un paradigma socio-tecnológico de nuevo tipo porque todos los procesos de la sociedad, la política, la economía, la cultura pasan a verse afectados por la capacidad de procesar y distribuir energía de forma ubicua en el conjunto de la actividad humana. Las dos expresiones tecnológicas concretas y fundamentales respecto a este nuevo paradigma es el Internet como la manera de generar información de manera ubicua y, la Ingeniería Genética, con la capacidad de recodificar los códigos de la materia viva, y por tanto, ser capaz de procesar y manipular la vida[5].

Es así que el conocimiento científico tecnológico se configura como la matriz de la nueva sociedad. El conocimiento es la fuente de creación, desarrollo y crecimiento de la sociedad.[6] Entonces, la SDC se define por el uso intensivo del conocimiento, que a su vez genera nuevos conocimientos y se refuerza a sí mismo de manera dinámica, abierta y creadora. Esto provoca que en la sociedad se produzcan nuevos espacios y relaciones, redefiniéndose los existentes constantemente. La sociedad actual está marcada por el dinamismo, las movilidades, las adaptaciones permanentes y las ubicuidades de la transmisión y producción de símbolos, lenguajes y conocimientos[7].

Sintetizando, podemos describir el comportamiento de la nueva sociedad como el lugar donde el conocimiento se convierte en el combustible y la tecnología de la información y la comunicación en el motor[8]. Como ya hemos dicho, la sociedad cambia, su comportamiento, su desarrollo, sus relaciones, describiéndose este proceso como paradigmático porque es el desplazamiento de la Sociedad Industrial a una nueva sociedad denominada SDC.[9]

A partir de los presupuestos básicos esbozados en esta introducción que nos describen comportamientos de la sociedad actual, podemos hablar de la formación del jurista en la SDC, pero teniendo en cuenta de que al describir cómo debe ser la formación de los juristas en la actualidad, podremos también arribar a conclusiones acerca de qué tipo de SDC queremos construir.

El análisis se realizará desde perspectivas críticas-dialécticas estudiando la formación del jurista inmerso en la denominada sociedad del conocimiento.

II. ¿Qué Jurista?

El jurista es un ser humano que vive y se desarrolla como profesional en una sociedad determinada, por lo cual manifiesta en su actuar condicionamiento epigenético que sería todo lo adquirido y aprendido por él desde que nace hasta que muere[10]. En este sentido, el ser individual es ser social y su desenvolvimiento es intersubjetivo (relación o vínculo entre sujetos). Las relaciones intersubjetivas en las sociedades actuales son complejas, ya que existen condicionamientos psicológicos, culturales, ideológicos y económicos con los cuales el ser humano se forma y se comporta dialécticamente. Por eso, cualquier análisis que se realice de formación y comportamiento del ser humano pasa indefectiblemente por el contexto histórico social donde se interrelaciona y desarrolla ese individuo con valores e ideologías. De esta manera, la formación y el comportamiento de las personas como seres sociales, intersubjetivamente, van a conformar las sociedades que tenemos hoy. Lo que son nuestras sociedades hoy es lo que somos las personas.

Ahora, el jurista es esta persona que se formó y que se desarrolla profesionalmente mediante el derecho. El derecho es descrito de múltiples maneras en todas las épocas históricamente determinadas, pero para nosotros, será el fenómeno socio-jurídico que se manifiesta a partir de la interacción entre las relaciones sociales y la expresión normativa de éstas en normas jurídicas, es decir, normas que rigen coercitivamente en una comunidad social. Por tanto, el jurista es el profesional que se forma y se desarrolla para y en los procesos de creación, aplicación, investigación y enseñanza del fenómeno socio-jurídico[11]. En este sentido, tiene funciones sociales que implican responsabilidades sociales en cuanto a lo qué realiza y cómo lo realiza.

Digamos que las funciones del jurista son al menos:

1. Función cognoscitiva-descriptiva,

2. Función prescriptiva y,

3. Función ideológica.

1. La función cognoscitiva-descriptiva es mediante la cual el jurista construye principios y categorías abstractas que permiten describir y comprender el marco normativo del fenómeno socio-jurídico. Los principios y categorías son utilizados en todos los ámbitos de la realización del derecho.

2. Mediante la función prescriptiva, los juristas realizan actividades prácticas que son creativas y reformuladoras del derecho mismo. Aquí se expresan los procesos de creación y aplicación de las normativas jurídicas exactamente, donde lógicamente se utilizarían los principios y categorías abstractas antes descritas. La investigación científica puede ser también prescriptiva pues el estudio sobre el fenómeno jurídico podría influir en la reconstrucción misma del derecho.

3. La función ideológica en el jurista se manifiesta debido a que defiende valores sociales que van a ser reflejados en las normativas jurídicas como formas de regulación social. Estos valores se manifiestan y defienden en todos lo ámbitos del derecho ya mencionados; creación, aplicación, investigación y enseñanza.

Las responsabilidades sociales derivadas de las funciones descritas tienen dos aristas. Una, es en cuanto a lo qué realiza el jurista: éste lleva a cabo todos los procesos enunciados anteriormente ya que no se concibe que sólo se hable de derecho en cuanto a creación, investigación o aplicación como procesos aislados. Es decir, un jurista, ejerza de una manera u otra su profesión, siempre utiliza o construye conceptos (función cognoscitiva-descriptiva), realiza acciones prescriptivas de creación-aplicación del derecho (función prescriptiva) y, en cada acción practicada está latente la existencia de valores, ideología, condicionando la expresión de su ejercicio profesional. La otra arista de la responsabilidad social se relaciona con el cómo se llevan a cabo estos procesos: en el cómo, está el meollo de este debate -cómo creas los principios y categorías abstractos, cómo creas y aplicas las normas jurídicas, cómo investigas científicamente el fenómeno jurídico y qué valores defiendes en todos estos procesos-. El cómo, condiciona definitivamente el producto de los procesos realizados. Las respuestas a estas preguntas se pueden sustentar en gran medida en la formación que el jurista haya tenido en su vida y para su ejercicio profesional. Por supuesto, el análisis que se expondrá está enmarcado en las condiciones actuales de desarrollo de las TIC, en la denominada SDC.

La formación del jurista en la SDC implica dar respuestas a cómo debe formarse un jurista en la actualidad. Entonces, como el derecho es el fenómeno socio-jurídico que incide en los procesos de regulación de las sociedades y el jurista es su actor principal en cuanto a creación, aplicación, investigación y enseñanza del mismo, creemos que un jurista ante todo debe ser crítico, debe tener una formación con basamento en una percepción crítica de la sociedad de la cual es parte y del mundo complejo que le rodea. Esta crítica en su formación no debe ser mero ejercicio racional, sino una crítica que busque la transformación constante del mundo, transformación que también debe tener un fin, es decir, la emancipación individual y colectiva de los seres humanos. En este sentido, la crítica es material y no formal. Este interés emancipatorio se traduce en la liberación de los sujetos individuales y colectivos de toda clase de subordinación, dependencia y dominación. El fundamento de la crítica, de la transformación y de este interés emancipatorio debe ser la Vida del ser humano[12]. El jurista mediante el derecho debe poder garantizar la vida del ser humano partiendo de la supervivencia de los sujetos individuales y colectivos y su entorno, es decir, su medio ambiente. Este garantizar la vida del ser humano debe ser en función de la totalidad de las especies vivas, y no solamente de una minoría de personas. El ser humano, para garantizarse la vida, debe tener medios de subsistencia, es decir, medios que le permitan poder satisfacer las llamadas necesidades vitales -alimentación, agua, salud, vivienda, vestido, etc.-. Este poder-satisfacer será mediante su capacidad de poder-hacer. El jurista, mediante el derecho, debe garantizar a los seres humanos individual y colectivamente los medios de subsistencia y la capacidad de poder-hacer para satisfacer sus necesidades vitales. Esto tiene una relación condicionada al medio ambiente, porque si hoy se sigue utilizando el medio ambiente de manera incoherente como sucede, es decir, si se sigue viendo con fines utilitarios y no como el lugar donde uno nace, se desarrolla, reproduce y muere, junto con todos los seres vivos, entonces, el ser humano como especie se extinguirá junto al mismo. Es primordial que el derecho se conforme y se exprese en función de un medio ambiente adecuado para la supervivencia de todas las especies vivas. Entonces, el derecho en su accionar creativo, aplicativo, investigativo y de enseñanza, debe tener como fundamento el principio material de la vida y los juristas deben formarse para llevar a cabo todas sus funciones con este fundamento.

El fundamento de la vida ha tenido una expresión clara en el discurso jurídico de los últimos 50 años. Esta expresión se ve reflejada en el discurso de los derechos humanos (DDHH). Si bien su construcción social ha estado marcada por el devenir de las luchas, tensiones y problemáticas históricas de la propia humanidad, su construcción teórica, filosófica y dogmática ha adquirido relevancia fundamental a partir de la culminación de la II Guerra Mundial y la conformación de los organismos internacionales.

La educación de un jurista debe estar basada en la cultura del cumplimiento, respeto, protección y promoción de los derechos humanos como base fundamental. Los DDHH deben ser el eje que atraviesa todos los campos del derecho. No se nos escapa que es cierto que los DDHH en sí pueden tener múltiples interpretaciones, incluso hegemónicas y legitimadoras de sistemas que reproducen la política sobre la base de la exclusión y la dominación. Por eso realizaré un paréntesis para explicar qué concibo como DDHH, cuáles son sus características y cuáles son las obligaciones que se derivan de los mismos para que contribuyan a la formación crítica y emancipadora de los juristas.

El primer punto es que el fundamento de los DDHH está determinado por las necesidades básicas de las personas. Estas necesidades se expresan desde dimensiones culturales que marcan la contextualización de las mismas y se convierten en bienes jurídicos fundamentales en la construcción discursiva de los derechos. En este sentido, estos derechos no se presentan con prioridades ni jerarquizaciones en sus conceptualizaciones y regulaciones, sus contenidos deben recogerse marcados por concepciones de plena igualdad y libertad sin dicotomías, en relación de interdependencia y de dialécticas tensiones, y con características de inalienalibilidad, imprescriptibilidad, indivisibilidad y universalidad pero teniendo en cuenta la interculturalidad[13]. Además, los DDHH tienen dimensiones individuales y colectivas, son para todos pero respetando las diferencias. Es decir, los derechos humanos todos, protegen en sí las necesidades básicas de las personas como la vida, salud, alimentación, agua, vivienda, vestido, educación, información, participación, etc., donde ningún derecho puede existir sin el otro, no puede haber vida sin salud, ni educación sin información, ni alimentación adecuada sin acceso al trabajo, etc., y todos, están construidos sobre la base de estas necesidades que llevan en sí un contenido contextual histórico[14].

Por otro lado, debemos decir que los DDHH no son sólo un discurso, sino que deben ser cumplidos, es decir, realizados en cuanto a la satisfacción de las necesidades con las características que arriba enunciamos. Para esto, una medida importante es que deben ser positivizados y regulados con mecanismos para su garantización en caso de que el bien jurídico protegido no sea satisfecho. Esto implica una serie de obligaciones por parte de los Estados, -mediación institucional por excelencia para la reproducción de la vida, para la realización de la política-, que referiremos más adelante.

Es importante precisar con respecto a su naturaleza jurídica que los derechos humanos son sustancialmente diferentes de los derechos patrimoniales en su conceptualización, protección y garantización. Los derechos derivados del patrimonio son por excelencia, excluyentes, alienables, prescriptibles y divisibles, por lo que deberán tener regulaciones y límites muy diferentes con respecto a los DDHH[15]. En este sentido, afirmamos que el derecho de propiedad privada no es un derecho humano, al contrario, considerarlo un derecho inherente al ser humano como ha pasado durante 500 años de la historia moderna ha contribuido al detrimento y minimización de los DDHH, estos sí, inherentes a la vida de las personas. Cuando la propiedad, la posesión, el dominio, se consideran tan relevantes como la salud, la educación, la alimentación, el vestido, la vivienda, el agua, etc., siempre ha habido pequeñas minorías satisfechas en sus riquezas patrimoniales y grandes poblaciones afectadas en la realización de sus necesidades fundamentales. La colisión entre estos bienes jurídicos es ineludible, por tanto sus regulaciones deben ser completamente diferentes, enmarcadas por la limitación en suma de los denominados derechos patrimoniales.

Como ya mencionamos, el Estado es la mediación institucional por excelencia que debe ser el ejecutor de la política como reproducción de la vida de y para una sociedad determinada. En este sentido, la comunidad internacional ha llegado a una serie de consensos durante los últimos cincuenta años sobre los contenidos mínimos de los DDHH, sus formas de protección e implementación en las colectividades que se han constituido obligaciones correlativas para los Estados que han suscrito los instrumentos y documentos jurídicos que recogen estos postulados. Estas obligaciones son de carácter general y específico. Las primeras están relacionadas con las obligaciones de efecto inmediato que deben cumplir los Estados con respecto a la plena realización de los derechos. Las segundas, son los tres tipos de obligaciones que se les impone a los Estados partes de los instrumentos internacionales con respecto a los DDHH; estás serían: las obligaciones de respeto, protección y cumplimiento.

El contenido de las obligaciones de carácter específico descritas anteriormente tendrían el siguiente contenido: la obligación de respeto implica que el Estado parte se abstenga de injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho respectivo, es decir, acciones que denieguen o restrinjan el acceso al bien jurídico protegido por el derecho –salud, educación, vivienda, agua, alimentación, participación, información-. La obligación de protección de los Estados Partes se relaciona con las acciones que deben realizar para impedir que terceros menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho. Por último, la obligación de cumplimiento se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que las entidades estatales adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del ejercicio del derecho. Además, esta institución tiene la obligación de hacer efectivo –garantizar- el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no estén en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con los medios a su disposición.

Se podría agregar que las obligaciones internacionales, los estándares sustantivos de los derechos previstos en las normativas de este rango y, las formas de comportamiento (acción-omisión) que se prevén en los instrumentos internacionales son todas las cuestiones a las cuales se comprometen los Estados una vez que suscriben dichos tratados. Por tanto, estos parámetros deben ajustarse al contenido del derecho interno y a la actividad del Estado en general. Este ajuste comprende desde la organización estatal, medidas legislativas, administrativas y judiciales, abstención a dictar normas que violen las regulaciones internacionales, obligación de dictar normas de acuerdo a lo pactado internacionalmente, todo, sin disponer de ningún margen de discrecionalidad por parte de los mismos[16]. Es decir, los Estados que suscriben los tratados de derechos humanos se deben convertir en garantes de los mismos con el cumplimiento de lo previsto en estos documentos legales[17].

Por otro lado, la educación jurídica basada en los DDHH debe estar marcada además, por elementos como la justicia Social y la equidad. Los valores de justicia social y equidad nos imponen el derrotero de ir más allá de la igualdad formal prevista en las normativas como intencionalidad positiva, sino igualdad material, es decir, mecanismos democráticos y factibles –garantías-, que nos permitan a todos los seres humanos tener acceso y/o exigir los medios de subsistencia -tierra, agua, trabajo, salario digno, seguridad social, vivienda, salud, educación, cultura, participación, información, entre muchos otros-, para poder llevar a cabo nuestra capacidad de poder-hacer en armonía con el medio ambiente. Estos mecanismos deben estar previstos con niveles de acceso y exigencia universal, es decir, para todos los actores sociales públicos y privados de manera corresponsable.

Concluyendo este tema del contenido, características y obligaciones que se derivan de los DDHH, debemos plantear que los juristas deben ser educados bajos todos estos principios teóricos-normativos y es una obligación de los Estados y sus instituciones que esto ocurra según lo previsto y suscrito en las propias normativas jurídicas.

Parte de la formación crítica de los juristas tendrá que ver con los aspectos relacionados a como analiza el objeto observable-criticable, es decir, el derecho como expresión de las relaciones sociales en interrelación con normas jurídicas. El profesional del derecho analizará el derecho como fenómeno socio-jurídico que se desenvuelve en la sociedad compleja actual y no de manera aislada, por tanto, ejercerá su razón crítica sobre los fenómenos desarrollados en la realidad social como Totalidad Social[18]. Ésta es donde se dan y desarrollan todas las relaciones sociales en constante proceso de contradicción -la praxis social-. La realidad social es mucho más compleja que los hechos sociales cosificados. Existen los hechos, pero esa no es la realidad, ya que no se puede reducir la realidad a lo que existe aparentemente[19]. En la totalidad social el jurista podrá comprender objetivamente la sociedad y sus fenómenos porque no observará los hechos sociales en relación con las normas jurídicas como hechos aislados, -respuesta positivista donde mediante la razón instrumental y el silogismo subsuntivo se aplicará la norma jurídica vigente de manera formal-, sino que intentará mediante la razón crítica-dialéctica comprender los fenómenos socio-jurídicos objetivamente. Sólo de esta manera, podrá llevar a cabo los procesos del derecho –creación, aplicación, investigación y enseñanza-, en función de principios fundamentales como la justicia social y la equidad.

Otro aspecto importante de su formación es que esta totalidad social debe ser percibida por el jurista dentro de la globalización existente, pero no como globalización hegemónica, donde predomina la actuación y los designios del capital, sino que debe articular el derecho entre lo local y lo global. Desde lo local, donde se reafirmen las identidades, las culturas locales, regionales y nacionales, hacia una articulación del derecho globalizado, pero de manera contrahegemónica, alternativa, basado en la reciprocidad, el beneficio mutuo y el cooperativismo, -éste último puede tener componentes mercantiles pero fuera de los regímenes actuales de comercio internacional-. El jurista no podría obviar que el derecho debe desenvolverse en los marcos de una nueva transnacionalización, pero su formación respecto a este fenómeno deberá ser alternativa y solidaria, que no es otra cosa que, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación le de prioridad a la resolución de los conflictos sociales locales con miras a los globales[20].

Lo anteriormente expuesto implicaría la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en la formación del jurista. Este no sólo debe conocer solamente los fenómenos socio-jurídicos sino que debe saber con profundidad de los fenómenos sociales -objeto de estudio en el resto de las Ciencias Sociales-, e incluso debe tener conocimientos, al menos básicos, de todo tipo de acontecimiento social y científico que puede ser objeto de regulación por el derecho. Por ejemplo, todo lo relativo a la propia manipulación de la vida mediante la recodificación de la información genética de los seres vivos, -cuestión fundamental en las SDC-, implica regulaciones jurídicas en materia de salud, derecho familiar, derecho civil, derecho ambiental, etc. También con respecto al internet, el cual es un bien que se expresa sin un territorio determinado y su característica de ubicuidad, rapidez, dinamismo, lo hace complejo en cuanto a manifestación, contenido y por tanto a su regulación si fuera necesario. Lo relativo al fenómeno de la creación y el uso del conocimiento científico, un bien intangible, que es la base del proceso productivo actual, y a los juristas nos toca tomar posiciones en cuanto a temáticas como los derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, los conocimientos tradicionales, etc. Una cuestión muy importante es en cuanto a las nuevas relaciones económicas generadas por las propias tecnologías de la información y la comunicación, donde los propios intercambios constantes que se dan trascienden las fronteras con extrema facilidad, y afectan las regulaciones en derecho económico, marítimo, aduanal, etc. Son muchos los ejemplos que demuestran cómo el derecho es afectado en la manifestación actual de la SDC, y cómo el jurista también en su proceso de desarrollo de los procesos del derecho manifiesta posiciones ideológicas que estarán fundadas por su propia formación.

Esto nos lleva a que la formación del jurista debe pasar por conocer las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los nuevos avances científicos técnicos, y su desarrollo estará franqueado por estudios interdisciplinarios -entre varias disciplinas-, multidisciplinarios -desde su disciplina abarca otras sin perder la suya como fundamental-, y transdiciplinarios –cuando se crean nuevas disciplinas científicas por su interrelación entre las múltiples ramas científicas, cuestión difícil pero probable en la actualidad-. Los estudios formativos siempre mantendrán una cuota de especialización en las materias que el propio jurista trabaja, pues no se trata de que su conocimiento sea enciclopédico, sino integral. Su formación debe implicar una conciencia de estos fenómenos, y más aún, debe realizarse en función de estos fenómenos actuales.

Hasta aquí hemos descrito tendencias globales en cuanto al funcionamiento de los fenómenos socio-jurídicos, pero para ser realmente alternativos, solidarios y democráticos, debemos tener en cuenta la localidad como elemento fundamental en el proceso de formación del jurista a la hora de obtener conocimientos, para que después los exprese en su ejercicio profesional.

En este sentido, Boaventura de Sousa Santos nos aporta muy lúcidamente la categoría de la ecología de saberes[21] que nos ilustra cómo hoy la formación de un universitario que no tenga ésta base práctica de su propio contexto, está siendo, además de parcial con el saber, dominante en cuanto a sus perspectivas de desenvolvimiento profesional.

La ecología de saberes parte de la investigación-acción, que puede ser participativa y/o colaborativa, donde investigamos la vinculación entre la teoría y la práctica, nutriendo la primera de la segunda, pero también somos parte de la construcción de nuestros propios objetos de investigación, no sólo como académicos, sino en conjunto con grupos sociales que pueden o no estar inmersos en la actividad investigativa. Lo descrito no es más que la articulación investigativa entre la Universidad -lugar básico de formación de profesionales- y las comunidades, con el objetivo de la resolución de sus problemas sociales. Es el interés social articulado con el científico, donde la utilidad social del conocimiento de ese estudiante universitario se pone en práctica en función de la comunidad y así mismo de la sociedad como totalidad.

En este sentido, la ecología de saberes se manifestará en la formación del estudiante como una revolución epistemológica, debido a que la extensión de la investigación de los universitarios hacia el contexto social no será en un solo sentido, sino que tendrá doble sentido, ya que los estudiantes también se nutrirán de esos saberes tradicionales, culturales, no occidentales (indígena, africana, oriental, etc.), legos, populares, urbanos, campesinos, provincianos, estableciéndose un diálogo entre los saberes científicos universitarios y éstos saberes diferentes. Por supuesto, en esta convivencia, todos -profesionales, estudiantes en formación, personas y grupos sociales- se podrán enriquecer mucho en el diálogo y podrán aportar mejores soluciones a los problemas sociales de las propias comunidades y de la sociedad en su conjunto. Estos procesos se realizarían mediante la participación democrática de todos, con la inclusión de todos los conocimientos. La participación democrática implica que los sujetos -incluidos los estudiantes de las facultades de derecho-, serían entes activos en todo el proceso investigativo, desde la formación del proyecto, la metodología, y la intervención para obtener resultados en función de la resolución de conflictos sociales. Éste último aspecto lo hace viablemente democrático, debido a que no tiene sentido hablar de participación de varios actores por igual, cuando un proyecto responde a intereses transnacionales y beneficios del capital.

Un jurista con este tipo de experiencia cívica en su formación universitaria podría ser, sin lugar a dudas, un futuro profesional activo y solidario en cuanto al ejercicio del derecho. Esto serviría para cualquier tipo de sociedad y en las condiciones de globalidad actual.

Concluimos que las SDC (en plural) hoy, en sus relaciones sociales complejas, no pueden obviar la tendencia local-global, por tanto, las regulaciones jurídicas deben comportarse de la misma manera, tomando en consideración las expresiones de localidad-globalidad y por consecuencia, la formación de los juristas debe expresarse e implementarse de esta manera.

Hasta aquí hemos comentado cómo se desarrolla la formación del jurista en cuanto a su objeto de estudio, dónde está ubicado y cómo estudiarlo epistemológicamente. En este sentido, continuaremos con qué mecanismos metodológicos deberán estar incluidos en la formación de los profesionales del derecho.

Si bien habíamos mencionado que el estudio del fenómeno socio-jurídico deberá realizarse mediante el uso de la razón crítica, no hemos descrito cómo se debe dar ésta. Primero, el jurista debe partir del conocimiento de que la razón es intersubjetiva, es decir, que ésta se desenvuelve en la relación o vínculo entre sujetos. En este sentido, el presupuesto del ejercicio de la razón humana va a ser el lenguaje, la comunicación, y esto se constituirá como un a priori y condición para llevar a cabo procesos cognoscitivos. Entonces, para llevar a cabo los intereses de transformación y emancipación es necesario que la formación de un estudiante –jurista-, lleve en sí una cultura del diálogo y de autorreflexión, como proceso para llevar a cabo el ejercicio adulto de la razón, es decir, libre de dependencias de los poderes dominantes[22]. En el ejercicio del diálogo y la autorreflexión de un jurista en su desenvolvimiento profesional será de gran importancia el uso del lenguaje. El discurso jurídico es un lenguaje especializado, de construcción artificial, y es necesario que el jurista lo decodifique ante la sociedad. Por un lado, para que lo establecido normativamente sea conocido por los sujetos individuales y colectivos en aras de que cumpla su función de control social, por otro lado, ante el hecho de la “lectura” de los hechos sociales por el conjunto social, el jurista podrá traducirlos al ámbito jurídico y convertirlos en normas en aras de solucionar conflictos que se dan en la propia sociedad. Sólo mediante estos presupuestos podrá articularse coherentemente los fines y objetivos del derecho para una sociedad.

La sociedad es algo objetivo y subjetivo a la vez, no es un objeto más, ni está separada del jurista que crea, aplica, investiga y enseña el derecho. La percepción del fenómeno socio-jurídico por el jurista siempre va a tener mediaciones, es decir, condicionamientos socioeconómicos y culturales productos de su contexto histórico. Tener en cuenta estos condicionamientos es fundamental a la hora de llevar a cabo los procesos del derecho. Por eso, el uso de la razón no sólo debe ser crítica sino autocrítica de cada uno de los productos en los cuales se ha sido actor para su realización. La formación autocrítica de los estudiantes –juristas- hace que se profundice su proceso de comprensión de la sociedad y de los fenómenos socio-jurídicos produciendo un derecho mejor articulado en las complejas sociedades actuales.

Con todos estos elementos, estaríamos formando un jurista globalizado contrahegemónicamente y alternativo ante la globalización neoliberal imperante. Este jurista así formado podría tener una visión intercultural, incluyente, que trabajaría en función de articulación de consensos mediante el diálogo y la reflexión compartida, lo cual seguramente se reflejaría en su desempeño laboral futuro.

Los presupuestos descritos serían para nosotros, la concepción de formación democrática de un jurista y un ser humano en la actualidad. El cómo lograrlo es el reto, y su desenvolvimiento sería multifactorial, pero una de las etapas fundamentales formativas es la Universidad. La Universidad incide en la formación de ese futuro jurista en todos los ámbitos, desde su organización, funcionamiento, programas de estudio, formación de los propios maestros, en fin, todo el conjunto va a influir en el alumno de manera determinante.

Por otro lado, la alta casa de estudios será la expresión de la SDC que se desarrolle en una comunidad dada. En este sentido, el siguiente apartado abordará, de manera muy general, de qué tipo de SDC estamos hablando, -que si bien en la introducción expusimos las nociones generales de lo que se conceptualiza como tal-, hemos podido detectar que este tipo de sociedad tiene dos tendencias marcadas. Consecuentemente, iremos entonces apuntando qué sociedad del conocimiento creemos más factible para que se desarrollen universidades, facultades de derecho, juristas y por ende, procesos sociales como los descritos anteriormente. 

III. ¿Qué Sociedad del Conocimiento?

Una de las características que describen los diferentes autores con respecto a la SDC es que ésta tiene al conocimiento como el valor fundamental que origina y condiciona el desarrollo económico de una sociedad. Como plantea el propio Castells, por primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo del sistema de producción[23]. Igual el japonés Sakaiya, explica que las innovaciones tecnológicas anteriores a la SDC se adecuaban a la búsqueda de incrementos cuantitativos en los activos materiales. La mayoría de las innovaciones tecnológicas hoy procuran incrementar la variable de valor-conocimiento en los productos y en la sociedad y la verdadera aportación de estas innovaciones consiste en alentar el incremento de la oferta de valor-conocimiento creativo[24]. Como bien plasma este autor, el valor económico que se le ha dado al conocimiento tiene una asociación intrínseca: el conocimiento científico-tecnológico es fuente de riqueza y por tanto es fuente de generación de capital y de poder y, en esta dinámica es que se desenvuelve la llamada SDC[25]. El valor se crea hoy por la productividad y por la innovación. Ambas son aplicaciones del conocimiento al trabajo -nos dice, Peter F. Drucker en su obra La Sociedad Postcapitalista. Lo característico de la Sociedad Postindustrial es la acelerada y cambiante producción del conocimiento científico-técnico, al que se le vincula el capital y se convierte en un nuevo capital, que introduce transformaciones dinámicas en el comportamiento de las relaciones individuales y sociales, cambiando por tanto, comportamientos culturales y organizacionales como por ejemplo, la desterritorialización vista como movilidad y globalización empresarial y de las relaciones entre las naciones. La información sistematizada, computarizada y el gran desarrollo de los medios de comunicación social son los vectores de la SDC, con la peculiaridad de que estos vectores son instrumentos cargados igualmente de conocimiento y exigen un saber propio para poder manejarlos. La máxima riqueza con la cual se organizan y se dinamizan las fuerzas del mercado ya no son solamente los bienes materiales y concretos provenientes de la tierra, sino también los bienes abstractos e intangibles del conocimiento científico-técnico, donde las TIC son básicas para su producción y reproducción sistematizada, constante, dinámica y ubicua. Entonces, estos bienes cognoscitivos, son los insumos necesarios para producir más conocimiento, provocando lo que desea el capital, es decir, más y más necesidades de consumo en los sujetos, condicionada por una reproducción eficaz a través de las TIC. En estos momentos el capitalismo no tiene entre sus clases solamente a capitalistas y proletarios sino también a trabajadores de conocimientos y a trabajadores de servicios[26].

Bajo estas premisas el mundo se ha dirigido a crear las bases de cómo crear y desarrollar el conocimiento, y en este torbellino encontramos a la Educación Superior, a las Universidades, así como al proceso de enseñanza-aprendizaje, en los cuales los estudiantes desarrollan las articulaciones necesarias para poder acometer los fines de desarrollo y crecimiento anteriormente descritos: los del capital, el mercado, y la globalización neoliberal.

En este sentido, las articulaciones han sido promovidas por varios agentes, desde las transnacionales dueñas del capital, los gobiernos de los Estados y las instituciones internacionales, lo mismo adscritas a la ONU como la UNESCO, que financieras como el Banco Mundial, por mencionar solamente dos ejemplos[27].

Estas instituciones han reflejado bien sus objetivos en la necesidad de acometer acciones en función de que la SDC sea expandida a todo el mundo en la actualidad. Un sector básico para realizar sus cometidos sería la educación, sobre todo la superior. En este sentido, sus principios y postulados se desenvuelven entre los siguientes puntos: acceso a la educación sin distinción de raza, sexo, etnia, nivel económico, etc.; la educación en general debe estar distribuida de manera equitativa y diversificada, a largo plazo, es decir, para toda la vida, constante y pertinente; además, que haya intercambio entre su desarrollo y las necesidades de la sociedad, sobre todo del mundo del trabajo; y, que sea innovadora y creadora, flexible y adaptable, en función de la dinámica de la nueva sociedad.

Al analizar estos elementos nos parecen muy benignos y satisfactorios, pero el fundamento de estas acciones expresadas con un lenguaje poco claro en cuanto a terminologías -los informes plantean cuestiones muy generales y no exponen con claridad que llevan implícitos todos estos principios y postulados-, y con aparentes intencionalidades de “educación para todos” es, el desarrollo de las sociedades en función del capital, el desarrollo de las universidades vinculadas a las necesidades del capital, el desarrollo de todos los ámbitos educativos, enseñanza e investigación en función del capital y por ende, del libre mercado.

Por tanto, la vinculación de los sectores enseñanza-investigación será en función del designio de las grandes transnacionales, investigar para producir más conocimiento, el cual es valor-conocimiento, en función de lo que se manifiesta como rentable, como competitivo en una relación de productividad económica con una lógica de beneficio, de libre mercado[28]. Entonces, los procesos educativos se realizarían con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dentro del ámbito de flexibilidad y adaptabilidad necesaria para la propia dinámica de ese mercado exigente y voluble expresado en carreras cortas y currículas flexibles, con mayor apertura al entorno, sobre todo a los sectores productivos modernos y al ámbito internacional[29]. En este sentido, la educación debe medirse al igual que sus productos, con parámetros de calidad y excelencia que implican competitividad y rentabilidad económica. Por último, una vez que tienes definidos los productos que quieres, en función de qué los quieres y cómo los vas a obtener metodológicamente, pues nada más falta cuál va a ser la fuente de recursos financieros para llevar a cabo todos estos procesos de producción de conocimientos. Las políticas implementadas han estado encaminadas a nuevas vías de financiamiento además del público, como la venta de servicios proporcionados por los ámbitos universitarios y la inversión del sector privado como cierre elemental del círculo que tributa a la nueva SDC. En fin, una sociedad que utiliza el conocimiento, la innovación y a los sujetos que lo producen, en función del beneficio del capital y las transnacionales del mundo actual neoliberal.

Así se manifiestan las características de la tan conocida fructífera SDC que nos proyectan desde hace unos años hasta ahora, por lo que concluiríamos que ésta no es la SDC que queremos, ni a la cual aspiramos, además de ser la del menor marco propicio para formar al jurista que queremos en las sociedades actuales.

Para nosotros, el jurista democrático, incluyente, inmerso en interculturalidad, buscaría mediante la crítica la transformación hacia una SDC libre y abierta, donde el conocimiento no sea regulado como patrimonio, sino donde el conocimiento sea un derecho humano, derecho al proceso de creación y al producto de los ámbitos investigativos. Un derecho no solo plasmado positivamente sino un derecho con mecanismos efectivos de realización como garantía de los mismos. El conocimiento es así como debe servir para el mejoramiento de la sociedad y de la vida de las personas y el jurista tiene un papel fundamental en la regulación como control social de estos aspectos.

En el derecho esto se reflejaría en la propiedad intelectual, donde no tendría sentido llevar a cabo procesos de patentes y marcas cuando el uso del conocimiento es libre y en beneficio de la humanidad; sí se podría respetar el derecho de autor como derecho moral y ciertos beneficios económicos como incentivos de investigación, pero no como forma de vida vitalicia que impida el acceso de otros al producto obtenido. Se reflejaría en el uso de internet, el cual no sería controlado por las transnacionales, ni el uso del espacio virtual, ni la producción del hardware y software respectivamente. Hoy es muy conocido y consolidado el movimiento global para la producción y defensa del software libre que se basa en el acceso universal y sin restricciones a los programas de computación. Los también llamados open source –código abierto-, facilitan el mejoramiento del funcionamiento de los programas producto de la socialización, lo cual favorece la necesaria eficiencia y dinámica de las sociedades actuales.

Por otro lado, el derecho, mediante la positivización de valores en sus normativas jurídicas, incidiría en toda la proyección ética necesaria para los procesos de regulación de la manipulación de información genética, en cuanto a respetar los conocimientos tradicionales, proteger el medio ambiente, y realizar investigaciones en aras de la Vida y no del beneficio meramente económico.

Las esferas donde el jurista podría incidir para que mediante el derecho pueda regular, controlar socialmente y crear mecanismos para garantizar el uso libre y abierto del conocimiento científico y las tecnologías de la información y la comunicación -como soporte básico tecnológico de producción-, serían infinitas. La finitud estaría en la sociedad misma como objeto de regulación.

Por tanto, sólo con un jurista formado como describimos en el apartado II podremos realmente usar el derecho en aras de disfrutar los beneficios que los propios seres humanos han creado en el devenir histórico, y podríamos asegurar en alguna medida mediante el control social justo y equitativo seguir creando conocimientos en función de las propia humanidad. No se nos escapa que no está en el derecho y en la formación de los juristas la clave de este cambio social tan profundo, sino en las múltiples y complejas voluntades, luchas y concientizaciones de todos los actores que nos encontramos en la sociedad y que queremos y creemos que otro mundo es y debe ser posible. Pero desde cada punto de todos los mundos se va conquistando el universo, por eso este trabajo enfatizado en la formación de los juristas y su incidencia mediante los procesos del derecho en la SDC.

IV. Conclusiones

Después de realizar este largo recorrido entre lo que concebimos como la formación de los juristas en la sociedad del conocimiento, relacionando la articulación del campo del derecho dentro de la misma podemos arribar a algunas conclusiones respecto a nuestro estudio.

En la actualidad es necesario e imprescindible el uso del conocimiento y de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos sociales. Además, es un hecho que estos recursos rigen la vida de nuestras sociedades en muchos sentidos e influyen en la construcción de nuestras realidades. También es una realidad que la producción de conocimientos científicos y el uso de las TIC hoy están condicionados en gran medida a los intereses económicos y del capital, siendo bienes privatizados por minorías dueñas del capital y el mercado.

Un ámbito desde el cual se puede influir en el cambio de estas situaciones sociales es el educativo, en específico el jurídico. El derecho es de suma importancia en cualquier sociedad pues es una de las mediaciones políticas necesarias para la regulación de la convivencia social. En este sentido, formar profesionales del derecho bajo determinados principios podría incidir en que los mismos operen este mecanismo de manera diferente, influyendo en las articulaciones políticas y económicas de nuestras sociedades actuales.

Una operación alternativa del derecho puede contribuir a lograr que todo el conocimiento científico como eje central de la SDC no responda a los intereses del capital, como ocurre actualmente. El derecho, -como fenómeno socio-jurídico-, utilizado como reproductor de regulaciones sociales necesarias de manera justa, equitativa y transversalizado por las concepciones de los derechos humanos como se han explicado en el trabajo, sería un arma de gran fortaleza para generar cambios en el comportamiento de nuestras realidades. Por supuesto, sabemos que no sería el único,  ni el más decisivo elemento que podría generar transformación, pero la emancipación no es un hecho que se logra, sino que se construye y genera desde los diferentes campos de la vida social en procesos complejos donde no hay un comienzo y un final, sino es un actuar bajo determinados principios de manera constante, dialéctica, dinámica y por tanto, ciertamente indeterminada en muchos aspectos.

Por este motivo creemos que la formación de los juristas y de las personas en general, con una educación crítica, plural y democrática participativa, que puedan otorgar o generar los maestros, las universidades y la educación en su conjunto, en un proceso de corresponsabilidades mutuas entre alumnos y miembros de las instituciones educativas todas, puede ser un factor -de los muchos-, que influya en la transformación de nuestras sociedades actuales. En la educación también se juega el futuro de la humanidad hoy.

El único límite es la Vida, vista ésta como la vida digna del ser humano y de su medio ambiente, y por tanto, la educación, el derecho, y los actores sociales partícipes de estos fenómenos, debemos estar formados en función de este fin y no de otro, y actuar en consecuencia con la responsabilidad social que implica la convivencia humana. Ir hacia allá es ir construyendo emancipación, que no es otra cosa que ir construyendo la verdadera libertad.

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[1] Licenciada en Derecho por la Universidad de la Habana, Cuba y Maestra en Derecho por la UNAM, México. Profesora del área de Historia y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho-UNAM y de la Academia de Derecho en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México-UACM. Es miembro del Seminario de Estudios Críticos en Derecho-RADAR.

[2] En este trabajo nos referiremos mejor al jurista como la persona que ha cursado estudios de la carrera de Derecho a nivel de Licenciatura y que puede ejercer la misma como profesional. En cuanto a las áreas profesionales posibles para que el jurista se desenvuelva está: el Legislador (que crea el Derecho), el Juez (que puede crear y aplica el Derecho), el Abogado (que aplica el Derecho), el Maestro (que enseña el Derecho) y los Asesores e Investigadores. Éstas últimas dos funciones pueden encontrarse implícitas en cada una de las anteriores mencionadas o desenvolverse específicamente.

[3] Es válido destacar que si bien trabajaremos sobre los presupuestos de la Sociedad del Conocimiento no obviamos la categoría de la Sociedad de la Información que se trabaja de manera sistemática y crítica en América Latina por autores como Jesús Martín Barbero, Guillermo Orozco, entre otros. Sólo que consideramos el análisis en un plano del deber ser, en el cómo debería ser la formación del jurista en la sociedad del conocimiento, sociedad que emanaría desde perspectivas críticas culturales, incluyentes, solidarias y por supuesto del uso y construcción del conocimiento científico y de las TIC desde y para espacios de transformación hacia la emancipación.

[4] Para obtener la definición del concepto de “paradigma”, véase: Thomas Khun, La estructura de las Revoluciones Científicas, trad. de Carlos Solis Santos, FCE, México, 2004. Esta obra fue escrita en 1962. El concepto de paradigma ha marcado enormemente el estudio de todo tipo de conocimiento científico hasta la actualidad. Khun nos expone cómo las ciencias se han construido mediante ciclos históricos, en los cuales, primero, existe una etapa pre-científica donde se acumulan saberes, hasta que estos se constituyen en paradigma dominante o ciencia normal, marcados por el reconocimiento de la comunidad científica que construye la ciencia. Estos ciclos se repiten, pues la investigación científica continúa, pero la mayoría de las investigaciones se van a realizar sobre la base, y en el marco, de las teorías científicas que son aceptadas y reconocidas por la comunidad científica en el paradigma dominante. Esto provoca que existan conocimientos, que no se consideran científicos, por su no aceptación, y que van constituyendo anomalías al paradigma dominante. Sólo el paradigma dominante deja de serlo por un proceso de ruptura que constituye la Revolución Científica, en virtud de que la acumulación de anomalías es tal, que ya el anterior paradigma no tiene sentido. Las respuestas necesarias científicamente son producto de estas anomalías, surgiendo así un nuevo paradigma dominante que se convierte nuevamente en ciencia normal, por la condición de que ha sido aceptado por la comunidad científica existente. Es válido destacar que Khun llega a plantear que la comunidad científica de un paradigma dominante prácticamente tiene que desaparecer para que pueda surgir el nuevo paradigma, ya que el diálogo entre las dos comunidades es inconmesurable, es decir, no puede existir diálogo alguno entre las dos comunidades, las cuales son de distintas generaciones. La inconmensurabilidad implica el cambio de las teorías, conceptos, definiciones, etc. Ejemplos de lo anterior en saberes científicos lo podemos ver; en el Derecho, con las corrientes iusnaturalistas y iuspositivistas; en la Física, con la diferencia entre la lente y el holograma, véase, Bohm, David, La Totalidad y el Orden Implicado, Kairós, Barcelona, 2da ed., 1992.

[5] Castells, Manuel, “La dimensión cultural del Internet”, Universidad Obrera de Cataluña, http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html, [Consulta: Enero 2009].

[6] Cely Galindo, Gilberto, La bioética en la sociedad del conocimiento, 3R, Colombia, 1999, p. 10.

[7] Maldonado, Carlos Eduardo, “Universidad e Investigación: una relación poco evidente” en, Acosta, Fabián, et al., La política universitaria en la sociedad del conocimiento, Col. Alma Mater, Magisterio, Colombia, 2004, p. 89.

[8] Giner de la Fuente, Fernando, Los sistemas de información en la sociedad del conocimiento, Esic, España, 2004, p. 3.

[9] Sakaiya, Taichi, Historia del futuro: la Sociedad del Conocimiento, trad. Carlos Gardini, 3ª edición, Andrés Bello, Chile, 1991. pp 26 y ss.

[10] El neurólogo y psiquiatra Rubén Feldman González manifiesta que la mente en el ser humano se expresa, al menos, de cuatro maneras: 1) genética (mediante el gen que nos da la forma), 2) homeostática (como la regulación de la temperatura del cuerpo), 3) epigenética (todo lo que el ser humano adquiere y aprende como observador desde que nace hasta que muere) y 4) holokinética (la mente que funciona en Percepción Unitaria, la percepción simultánea de todo lo perceptible, atemporalmente, sincrónicamente). Ver en las siguientes obras de este autor: La Percepción Unitaria. Diálogos y comentarios sobre la Revolución Científica actual, Orión, México, 1989; El Nuevo Paradigma en Psicología, Paidós, Buenos Aires, 1982; La Mente y la Realidad Indivisa, http://percepcionunitaria.org/escrit/, [Consulta: Enero 2009]. En este ensayo sólo trabajaremos con la expresión epigenética de la mente del ser humano.

[11] Calsamiglia, Albert, Introducción a la Ciencia Jurídica, Ariel S.A., Barcelona, 1986, p. 129 y ss. Es válido señalar que este autor atribuye al derecho funciones cognoscitivas, prescriptivas e ideológicas en concordancia con lo que hacen los juristas, y considera al derecho como Dogmática Jurídica. Basados en estas funciones del derecho abordaremos nuestro concepto de derecho descrito en el cuerpo del trabajo.

[12] Aquí nos referimos al principio material de la vida del ser humano, y a su voluntad para vivir como individuo y como colectividad porque es un ser viviente y gregario. Las personas en su mayoría quieren vivir, no morir, como principio fundamental, ese querer-vivir hace que busquemos las formas de subsistencia mediante la capacidad de poder hacer para la reproducción de la vida. La reproducción de la vida mediante la capacidad de poder hacer no es otra cosa que la realización de la política. Los seres humanos construimos mediaciones para llevar a cabo las acciones necesarias para la reproducción de la vida, es decir, para la realización de la política, una de ella es el derecho. Ver en Dussel A., Enrique, 20 Tesis sobre Política, Siglo XXI, México, 2006, p. 24.

[13] Ver en Pisarello, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías, Madrid, Trotta, 2007 y en Abramovich, Víctor, Añón, María José y Courtis, Christian (compiladores), Derechos sociales. Instrucciones de uso, México, Distribuciones Fontamara, 2003, col. Doctrina Jurídica Contemporánea.

[14] Es evidente que si bien todos los seres humanos tenemos necesidades básicas a satisfacer como las enunciadas en el texto, hay siempre que tener en cuenta los contextos históricos en los cuales se enmarcan estos principios universales. Un ejemplo claro es con la alimentación adecuada, esta debe tener un balance nutricional para los seres humanos pero también cultural, porque hay poblaciones que su alimento tradicional y básico puede ser el maíz, otros el arroz, otros el pan, según sus tradiciones culturales y milenarias de existencia como grupo social, lo cual debe ser respetado.

[15] Ver en Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 2004.

[16] En este sentido, los Estados partes a partir de la suscripción de los instrumentos internacionales que regulan los DDHH, se acogen al principio pacta sunt servanda establecido por el Art. 26 de la Convención de Viena que prevé el cumplimiento de estos tratados bajo el principio de buena fe por parte de estas entidades. Es así que el Art. 27 de la citada Convención también establece que dichos institutos no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno para el incumplimiento de los Tratados, es decir, no pondrán el orden jurídico interno como obstáculo para sustraer los compromisos internacionales derivados de la firmas de los instrumentos internacionales.

Convención de Viena, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la ONU el 23 de mayo de 1969, ratificada por México el 29 de diciembre de 1972, según Decreto publicado en el «Diario Oficial de la Federación» (DOF) el día 28 de marzo de 1973. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/TDS1.pdf [Consultado Enero 2009].

[17] Sepúlveda Lilian y Courtis Christian, Coayudancia a la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, Centro de Derechos Reproductivos y Comisión Internacional de Juristas, México, 2007, pp. 7 y ss, párrafo 22 y 23.

[18] Adorno, Theodor W., “Sobre la lógica de las Ciencias Sociales”, en Mardones, J. M., Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales para una fundamentación científica, Anthropos, Barcelona, 2001, pp 337 y 338. Theodor Adorno junto a Max Hokheimer, fueron de los iniciadores de la Escuela Crítica de Frankfurt, sus concepciones presentan clara influencia de las ideas de Marx y Engels del siglo XIX. El materialismo histórico-dialéctico desarrollado en la praxis social, marcó profundamente a estos científicos sociales, que en su contexto social, crearon una Teoría Crítica de la Sociedad que teoriza, investiga y concluye a partir de la realidad social vista como totalidad social, es decir, donde se dan y desarrollan todas las relaciones sociales y existenciales, en constante proceso de contradicción.

[19] De Sousa Santos, Boaventura, Crítica de la razón indolente: Contra el desperdicio de la experiencia. Para un nuevo sentido común: La ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática, V. I, trad. Joaquín Herrera Flores et al., Descleé de Brouwer, España, 2003, p. 23.

[20] De Sousa Santos, Boaventura, La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad, edición en español, trad. Ramón Moncada Cardona, Miño y Dávila, Argentina, 2005, p. 45.

[21] Ibídem., pp. 56 y ss.

[22] Habermas, Jürgen, Ciencia y técnica como ideología, trad. Manuel Jiménez Redondo y Manuel Garrido, 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2001, pp 173 y ss.

[23] Castells, Manuel, La era de la información, economía, sociedad y cultura. La sociedad en red, en Acosta, Fabián, et al., ob. cit., p. 33.

[24] Sakaiya, Taichi, ob. cit., pp 238 y ss.

[25] Cely Galindo, Gilberto, ob. cit., p. 10.

[26] Drucker F., Peter, La Sociedad Postcapitalista, en, Cely Galindo, Gilberto, ob. cit., p. 11-12.

[27] Para ver las recomendaciones de todas estas organizaciones se puede verificar en los Informes emitidos como: Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior, Conferencia Mundial sobre Educación Superior, Octubre 1998, París, Francia, http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm [Consulta: Enero 2009];  Construir Sociedades de Conocimiento: nuevos desafíos para la Educación terciaria, Banco Mundial, 2003, http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/CKS-spanish.pdf, [Consulta: Enero 2009]; Declaración de Bolonia, Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación, Junio 1999, http://www.uah.es/universidad/espacio_europeo/documentos/declaracion_bolonia.pdf, [Consulta: Enero 2009]; Informe Universidad 2000 (Informe Bricall), Joseph M. Bricall et al., España, Marzo 2000, http://www.crue.org/informeuniv2000.htm, [Consulta: Enero 2009]; Por un modelo de enseñanza superior (Informe Attali), Jacques Attali et al., Francia, 1998, http://www.attali.com/, [Consulta: Enero 2009], Educación superior para el siglo XXI (Informe Dearing), de Ron Dearing et al., Reino Unido, 1997, http://www.lifelonglearning.co.uk/dearing/index.htm, [Consulta: Enero 2009].

[28] Fernández Liria, Carlos y Alegre Zahonero, Luis, “La revolución educativa. El reto de la Universidad ante la Sociedad del Conocimiento”, Rebelión, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=8274, [Consulta: Enero 2009].

[29] Guillaumín Tostado, Arturo, “Complejidad, transdisciplina y redes: hacia la construcción colectiva de una nueva universidad”, Revista Polis Académica. Universidad Bolivariana, http://www.revistapolis.cl/guilla.htm, [Consulta: Enero 2009].

Publicado en la Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, REDHES No. 1, 2009, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. http://www.uaslp.mx/Spanish/Academicas/FD/REDHES/Documents/Redhes1-06.pdf

 

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